Autor
Jonathan Maza
El discurso de Elbridge Colby en Cusco fijó el marco doctrinal; la declaración conjunta sobre Colombia lo puso en operación. Dos piezas del mismo tablero que redefinen el espacio de maniobra de México hacia 2030.
Dos acontecimientos de julio de 2026 no deben leerse por separado. Son el enunciado y la puesta en práctica de una misma arquitectura de seguridad hemisférica liderada por Washington.
El 8 de julio, el Subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby, ofreció ante los ministros de defensa del hemisferio, en Cusco, la formulación más clara y de más alto nivel de la visión de seguridad de la administración Trump: un Corolario Trump a la Doctrina Monroe que trata drogas, migración y criminalidad como amenazas de seguridad nacional y desplaza el perímetro de defensa estadounidense hacia el sur. Dos días después, el 10 de julio, trece gobiernos del Escudo de las Américas convirtieron esa doctrina en gesto político: una declaración conjunta sobre la transición institucional en Colombia que estrena un instrumento de presión colectiva sobre los asuntos internos de un tercer Estado.
México aparece en ambos episodios por su ausencia deliberada: no integra la coalición, no suscribió la declaración y, el mismo día, reconoció al gobierno electo colombiano por la vía diplomática ordinaria. Esa doble señal —reconocer sin adherirse— condensa la apuesta mexicana. Este documento une los dos análisis para leer la doctrina y su primera aplicación como un solo movimiento, y precisar las líneas rojas que México debe preservar.
Cusco, 8 de julio de 2026. El discurso de Colby ante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas casi no menciona a México, pero define el marco dentro del cual México deberá operar.
El texto no es coyuntural. Su autor es el principal responsable de planeación estratégica del Departamento de Guerra y una de las voces doctrinales más influyentes de la administración; enmarca la política hemisférica dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional 2026. Debe leerse como una declaración de doctrina, no como una intervención protocolaria. México figura apenas como referencia histórica —el respaldo estadounidense frente a la intervención francesa— y, de forma implícita, como origen de «las drogas que vienen del sur». El foco explícito es Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica, con Venezuela como blanco; pero la doctrina es de alcance hemisférico y aplica a México por defecto.
El eje del discurso es un Corolario Trump a la Doctrina Monroe —bautizado coloquialmente «Doctrina Donroe»—: Estados Unidos protegerá su territorio y su acceso a «terreno clave» en el hemisferio, y negará a potencias adversarias la capacidad de posicionar fuerzas amenazantes en la región. Sobre esa base se superponen dos capas: una antinarcótica y otra de competencia geopolítica con China.
El movimiento retórico más hábil es presentar la Doctrina Monroe como emancipadora y no dominadora. Colby distingue una Monroe «correctamente entendida» —orientada a proteger la independencia de las naciones latinoamericanas— de su «caricatura» intervencionista, y sostiene que Estados Unidos no necesita posesiones imperiales porque su poder ya es suficiente. De ahí deduce que su interés genuino es el «éxito» de los países de la región. Es un argumento que desactiva por anticipado la crítica soberanista: convierte la injerencia en invitación y la asimetría en comunidad de intereses.
Bajo la retórica, el discurso formula tres exigencias explícitas a los gobiernos de la región. Primera, el empleo de la fuerza contra el narcotráfico: equipara a las organizaciones criminales con «el ISIS y Al Qaeda de este hemisferio» y propone «operaciones cinéticas conjuntas lideradas por el socio», con participación militar estadounidense «donde sea necesario», citando la Operación Southern Spear como prueba de que Washington «irá a la ofensiva». Segunda, la protección de activos críticos: blindar infraestructura y recursos estratégicos y negar a «cualquier actor» —lectura obligada: China— la posibilidad de explotarlos. Tercera, mayor gasto en defensa: el estándar de 3.5% del PIB militar más 1.5% en seguridad, con Perú y su compra de F-16 como modelo de alineamiento con la industria estadounidense.
La frase de mayor peso estratégico es la que atribuye al Secretario Hegseth: la frontera estadounidense debe ser la «última línea» de defensa del territorio, no la primera. Doctrinalmente, ello desplaza el perímetro de seguridad de Estados Unidos hacia el sur —es decir, hacia el territorio de los socios.
El discurso valida el diagnóstico de asimetría y unilateralismo: las designaciones de organizaciones criminales, la catalogación del fentanilo y la posibilidad de acción unilateral no son gestos aislados, sino la aplicación de un marco coherente y públicamente asumido. También disputa el sentido de la corresponsabilidad: para Colby, «responsabilidad» significa que cada país asuma su propia seguridad y gaste más, no que Estados Unidos rinda cuentas por la demanda de drogas o el flujo de armas hacia el sur. El principio mexicano de responsabilidad compartida y diferenciada choca de frente con esa acepción.
Sobre todo, el discurso captura el lenguaje de la soberanía: ofrece «fortalecer la soberanía» de los socios mientras propone operaciones militares conjuntas y presencia sostenida. Por eso el reto mexicano no es responder proyecto por proyecto, sino disputar el encuadre. Aceptar el vocabulario del discurso equivale a ceder la mitad de la negociación antes de empezar.
Una advertencia de lectura recorre todo el análisis: el discurso está calibrado para persuadir a ministros de defensa de países con capacidades limitadas. México no es ese interlocutor. Es la relación bilateral más grande, compleja e interdependiente del hemisferio. El riesgo mayor no es ser presionado, sino ser agrupado con el resto de la región en una lógica que diluye su peso específico.
10 de julio de 2026. Trece gobiernos convierten la doctrina en gesto político: una declaración conjunta sobre la transición institucional en Colombia. México se desmarca.
El Escudo de las Américas —en inglés, Shield of the Americas; oficialmente Americas Counter Cartel Coalition— es una coalición político-militar impulsada por el presidente Donald Trump y proclamada el 7 de marzo de 2026. La coordinan el Secretario de Estado Marco Rubio y la Enviada Especial Kristi Noem, y agrupa a gobiernos afines para coordinar esfuerzos militares y de seguridad contra el crimen organizado transnacional, la migración irregular y la interferencia externa; sus miembros acceden a equipo, entrenamiento e inteligencia estadounidenses. México no forma parte de la coalición ni suscribió la declaración. Sí lo hicieron Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
La segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 dio el triunfo a Abelardo de la Espriella (movimiento «Defensores de la Patria», respaldado por Trump), con 49.66% frente al 48.70% del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico): una diferencia de apenas 0.96 puntos —250,830 votos—, la más estrecha en la historia del país. Cepeda reconoció el resultado el 24 de junio; el presidente Gustavo Petro aludió a presuntas irregularidades sin aportar pruebas. La toma de posesión está prevista para el 7 de agosto. El presidente electo anunció su intención de incorporar a Colombia al Escudo y declaró a los cárteles mexicanos «objetivo militar». México respondió, por la Presidencia, que «cada quien se encargue de su parte», sin comprometer la cooperación entre Estados.
El 10 de julio, los trece gobiernos difundieron —vía el Secretario Rubio— una declaración conjunta que expresa «profunda preocupación» por acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados, ponen en duda la integridad del proceso electoral colombiano y la transición institucional. El texto rechaza toda acción que busque deslegitimar el mandato de las urnas, desacreditar a las autoridades electorales u obstruir el empalme. Aunque no los nombra, apunta a las posiciones del presidente Petro y del senador Cepeda.
La ausencia de México es conspicua: se desmarca de un bloque que hoy integra a la mayoría de los gobiernos de derecha del hemisferio. En paralelo, ese mismo día se difundió la carta de reconocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum al presidente electo, que privilegia la amistad histórica, el diálogo, el respeto mutuo y la profundización de intercambios económicos. México sostiene así una doble señal deliberada: reconoce al gobierno electo conforme a la práctica diplomática, pero no se adhiere a un pronunciamiento colectivo sobre asuntos internos de un tercer Estado.
Los efectos para México se ordenan en cinco dimensiones:
Los límites que la doctrina y su aplicación no deben cruzar, anclados en la política exterior de Estado y en la seguridad nacional.
México no co-suscribe pronunciamientos colectivos sobre la vida institucional interna de otro Estado, ni admite que se emitan sobre la propia.
Art. 89-X · Doctrina EstradaRechazo a todo mecanismo que habilite acción militar extranjera o extraterritorial en territorio nacional. La lógica «objetivo militar» aplicada a los cárteles mexicanos es incompatible con la soberanía.
Marco jurídico internoMéxico preserva relaciones con todos los gobiernos con independencia de su signo político; no se suma a bloques que condicionen la cooperación a la afinidad ideológica.
Pluralidad diplomáticaEvitar que los mecanismos de «deslegitimación colectiva» se consoliden como instrumento aplicable a futuro a procesos internos mexicanos.
Reforma judicial · 2027La colaboración con EE.UU. y Colombia continúa sobre bases de corresponsabilidad, reciprocidad y respeto a la jurisdicción nacional; nunca bajo subordinación operativa.
Reciprocidad verificableMantener la ausencia del Escudo como decisión de principio, comunicada en clave de no intervención y no de antagonismo hacia Washington ni hacia los firmantes.
Reiterar públicamente que el reconocimiento —ya formalizado— del gobierno electo colombiano es independiente de cualquier alineamiento con el bloque, para prevenir lecturas erróneas.
Preparar un posicionamiento institucional ante un eventual ofrecimiento o presión para sumarse a la coalición, con argumentos jurídicos —soberanía, no intervención— y de seguridad nacional.
Articular con las instituciones del Consejo de Seguridad Nacional una postura común frente a la retórica de «objetivo militar» y a la designación de cárteles como organizaciones terroristas.
Reforzar los canales con el gobierno entrante (7 de agosto) para preservar la cooperación técnica, consular y comercial, acotando la fricción de su agenda de seguridad.
Monitorear el uso del instrumento de deslegitimación colectiva y su posible proyección sobre México, en un año marcado por la revisión del T-MEC y la antesala de 2027.
El presente análisis tiene fines exclusivamente académicos, analíticos, de opinión del autor y de interés general. Su contenido se basa exclusivamente en el análisis de fuentes abiertas públicas. Las opiniones, interpretaciones, análisis, conclusiones y propuestas contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del autor y no representan de ninguna manera, posturas oficiales ni posicionamientos de institución alguna, entidades u organismos públicos del Estado mexicano, ni de instituciones nacionales o extranjeras con las que el autor haya tenido relación profesional, académica o institucional.